Por Daniel Moreno, Gerente de Incidencia de Transición Energética.
Mucho se ha dicho sobre la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles que Colombia y los Países Bajos impulsaron en Santa Marta. Se habla de una coalición de 57 países que representan aproximadamente un tercio del PIB mundial decididos a avanzar en el abandono de los combustibles fósiles. Para algunos, es un paso relevante en la agenda internacional; para otros, un gesto más (no vinculante, sin fechas ni presupuesto) en la larga lista de compromisos asociados al Acuerdo de París.
Entre el escepticismo y la expectativa, hay algo que ya no admite discusión: la crisis climática avanza, las tensiones geopolíticas alrededor del petróleo y el gas siguen marcando la estabilidad económica de los países, y la reciente crisis en el Estrecho de Ormuz ha dejado en evidencia que reducir la dependencia de los combustibles fósiles no es sólo un imperativo climático, sino una cuestión de seguridad energética y resiliencia económica. En ese escenario, Santa Marta movió la conversación hacia donde realmente importa: no se trata de anunciar nuevas metas, sino de poner en marcha las que ya existen. No se trata de más compromisos, sino de cómo cumplir los acordados.
Llevamos varios años hablando de la transición energética como un desafío técnico: tener energías renovables que garanticen suplir la demanda y asegurar la seguridad energética. Pero esa mirada se quedó corta. La Conferencia lo planteó con claridad: transitar más allá de los combustibles fósiles es más que reemplazar una fuente de energía por otra. Requiere una transformación económica amplia que permita superar dependencias estructurales, expandir el acceso a energía confiable y diversificar las economías. La discusión dejó de ser energética para volverse económica, territorial y profundamente política.
Y esa discusión ya no ocurre en abstracto. Está ocurriendo en los territorios. En comunidades que han vivido por décadas de la minería o los hidrocarburos y que hoy enfrentan preguntas directas: ¿qué viene después? ¿de qué vamos a vivir? La respuesta en países como Colombia no es meter la cabeza en la tierra y seguir dependiendo ciegamente de las economías extractivas. Es precisamente lo contrario: planificar con tiempo, con la gente y con visión de futuro.
Ahí está uno de los aportes más relevantes de Santa Marta: dejar de ver la transición como una agenda de ambientalistas o de expertos economistas, y empezar a entenderla como un proceso de construcción colectiva. Un proceso donde los saberes territoriales y el conocimiento técnico no se excluyen, sino que se necesitan para imaginar lo que viene. La Conferencia fue, según muchos delegados, un espacio inusualmente honesto donde ministros, funcionarios, expertos, pueblos indígenas y afrodescendientes, jóvenes, sindicatos, campesinos y organizaciones de la sociedad civil pudieron conversar sobre preguntas políticamente sensibles que rara vez se abordan en los foros multilaterales. Ese es un logro en sí mismo.
Porque si algo quedó claro es que la transición no puede imponerse. Tiene que tejerse. Y en ese camino aparece uno de los dilemas más complejos: avanzar rápido o avanzar bien. El mundo necesita velocidad para responder a la crisis climática. Pero esa urgencia no puede pasar por encima de quienes han sostenido históricamente los territorios donde hoy se plantea la transición. Los documentos redactados lo dicen con todas las letras: la transición debe planificarse con los trabajadores y las comunidades, asegurando que sea justa, basada en derechos y que entregue beneficios tangibles a los grupos históricamente marginados. No se trata de los empleos; se trata de las personas. Incluir toma más tiempo, sí. Pero excluir hace inviable cualquier proceso de transformación. Y de procesos fallidos sabemos bastante.
Santa Marta también produjo resultados concretos que marcan un camino.
Se anunció que la segunda conferencia se realizará en 2027, co-organizada por Tuvalu e Irlanda, un gesto poderoso que traslada el diálogo de un gran exportador de carbón a naciones que enfrentan amenazas existenciales por el aumento del nivel del mar.
Se establecieron tres líneas de trabajo que operarán entre conferencias:
- Una enfocada en hojas de ruta nacionales apoyadas por un nuevo Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET),
- Otra sobre dependencias macroeconómicas y arquitectura financiera.
- Y una tercera sobre la alineación entre productores y consumidores de combustibles fósiles para avanzar hacia sistemas de comercio libres de fósiles.
- Por otro lado, los resultados se entregarán a la Presidencia de la COP30 para alimentar su propia hoja de ruta y se presentarán en la Semana de Acción Climática de Londres y en la Semana del Clima de Nueva York.
La discusión también pasa por desmontar subsidios a combustibles fósiles que siguen drenando recursos públicos, y por movilizar esos recursos hacia la reconversión productiva de las regiones. La coalición COFFIS se comprometió a apoyar a los países en un primer paso fundamental: identificar y hacer transparentes los subsidios explícitos e implícitos para que se puedan reformar con justicia social. Asimismo, a nivel internacional, se planteó presionar por mecanismos que permitan atraer inversión sin profundizar desigualdades. Realmente, no es una discusión técnica. Es una decisión política y social.
Y hay una señal de esperanza que no se puede ignorar: la transición ya está en marcha y ha llegado a un punto de no retorno. La capacidad global de energía renovable en 2025 es casi un 50% mayor que en 2023, y prácticamente toda la nueva demanda energética se está cubriendo con renovables. La inversión global en la transición energética alcanzó un récord de 2.4 billones de dólares en 2024, más del doble que en 2019. Los hechos están demostrando que el cambio no solo es necesario: ya está ocurriendo.
La Conferencia de Santa Marta dejó algo claro: la transición energética es, en realidad, una discusión sobre desarrollo, sobre equidad y sobre el futuro económico de países como Colombia. Pasar de una economía dependiente del extractivismo a un modelo productivo más diverso, resiliente y conectado con sus territorios dependerá de algo fundamental: la capacidad de tejer una visión colectiva que incluya todas las voces y que no repita los errores del pasado.
Y es aquí donde la próxima presidencia debe entender la magnitud del momento. Comprender que no se trata de explotar más rápido los recursos para obtener ingresos que resuelvan el día a día, sino de usar esta transición para redefinir el rumbo productivo del país con las rentas de lo que se extrae. La transición energética no es el futuro: son las decisiones que tomamos hoy para ver los resultados en el mañana. Y después de Santa Marta, esas decisiones tienen, por primera vez, una hoja de ruta compartida y un proceso vivo que las acompaña.
